El Tribunal de Justicia Baleares ha anulado el decreto ley del Gobierno balear que imponía el nivel de catalán necesario para el personal de la sanidad pública, al considerar que es ilegal al eliminar derechos económicos de carrera y movilidad para quienes no cumplieran con la norma discriminatoria. En otra sentencia reciente -que no es firme- reconoce que los interinos de IBSalut tienen el mismo derecho a la carrera que el personal fijo. Este último fallo puede afectar a 5.000 profesionales y supondría un desembolso de 20 millones de euros si se aplica con efectos retroactivos desde 2016.