ADS sigue con expectación los graves acontecimientos que tienen lugar en Ceuta desde el 27 de julio de 2026, días antes de la invasión masiva de la ciudad autónoma por marroquíes y subsaharianos.
En plataformas digitales y redes como Tik Tok, Instagram y WhatsApp, en Marruecos se venía informando de la posibilidad de nuevas “regularizaciones” en España.
El lunes 27 de julio las autoridades de Ceuta, con el presidente Vivas a la cabeza, mantuvieron una reunión con la Delegación del Gobierno en esa ciudad sobre los movimientos inusuales de población en la frontera entre España y Marruecos. El jueves 30 de julio, de madrugada, se inicia la avalancha por tierra y por mar de miles de personas, casi equivalente a la población ceutí, que es de alrededor de 83.000 habitantes.
El viernes 31 se iniciaron los retornos masivos coordinados a Marruecos.
Esta crisis migratoria supuso la entrada irregular en España (Ceuta), frontera de la UE, de entre 60.000 y 72.000 personas (según las fuentes la cifra máxima puede ser incluso superior). De éstas, se consignó la vuelta voluntaria a Marruecos de la mayoría. Pero miles de personas quedan deambulando, escondidas o acampadas en territorio ceutí, en plazas, montes y en los alrededores del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) que tiene una capacidad de 512 plazas, ampliamente rebasada, con lo que no se puede atender la enorme demanda creada.
Diecisiete días después de la invasión migratoria, la ministra de Sanidad de España, Mónica García, se ha personado en Ceuta tras el requerimiento de representantes del Colegio y del Sindicato de Médicos provinciales, quienes vienen advirtiendo desde el principio riesgos que no son sólo de orden público y de abastecimiento a la población. Tras reunirse con las autoridades locales ha manifestado que la situación está tensionada, pero que “no existe un colapso asistencial”.
Desde el punto de vista del Derecho y la Gestión sanitaria, que es lo que corresponde comentar a ADS, interesa observar que el Ministerio de Sanidad afirmó durante las primeras semanas de agosto que se trataba de una crisis humana, pero no sanitaria. Con esta respuesta se desviaba la atención de los medios de comunicación, al no centrarla en algo que puede llegar a ser muy grave en perspectiva de salud pública.
Lo que hace el Ministerio de Sanidad es afirmar que la llegada repentina y descontrolada de inmigrantes, de los que existen todavía miles sin retornar, no constituye un problema sanitario, ya que los servicios médicos ordinarios y los de urgencia pueden hacer frente a la mayor demanda asistencial, sin que se produzca un colapso generalizado.
Por su parte, el Presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, Dr. José Enrique Roviralta, que no comparte ese razonamiento, denuncia la situación en la que se hallan y trabajan los servicios médicos de Ceuta. Es posible que, en fechas posteriores a la redacción de este editorial, 16 de agosto 2026, el Ministerio de Sanidad tome alguna medida, necesaria según vaya evolucionando la situación sanitaria y social de Ceuta.
Como siempre hay normas de actuación sanitaria y preventiva frente a catástrofes que las autoridades deben observar, ADS quiere señalar que España estaría concernida, aunque fuera por precaución, a cumplir el Reglamento (UE) 2022/2371, sobre amenazas transfronterizas graves para la salud, y también a informar al Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, y al Sistema Europeo de Vigilancia Epidemiológica, además de a la OMS. El Sistema de Alerta Precoz y Respuesta (SAPR) previsto en esta norma permite evaluar riesgos sanitarios por hacinamiento y presión asistencial en fronteras exteriores de la UE.
En nuestro ordenamiento interno, para dar respuesta rápida y eficaz a riesgos y amenazas graves para la salud pública se ha creado muy recientemente la Agencia Estatal de Salud Pública mediante ley publicada en el Boletín Oficial del Estado del 29 de julio (Ley 7/2025, de 28 de julio, por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública), órgano todavía inoperativo por estar pendiente de desarrollo reglamentario su estatuto.
Pero es el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, creado en el año 2004 y dependiente del Ministerio, el que gestiona el Sistema Nacional de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR, 2013). Este sistema permite la comunicación permanente y rápida de situaciones de riesgo de salud pública para adoptar medidas de respuesta cuando exista afectación a nivel nacional o internacional.
Es cierto que, en la población censada en Ceuta, residente, y en situación irregular que se incrementa actualmente deambulando por sus calles, playas y zonas de ocio, no habría por el momento motivos para decretar un estado de alarma epidemiológica, pero sí los hay para prevenirla y evitarla si la situación no se resuelve y los problemas se siguen complicando semana tras semana.
Es posible que las autoridades sanitarias españolas estén trabajando en agosto eficientemente y en silencio para no alarmar más a la población.
Se espera que cuando la actual crisis migratoria y sanitaria se vea superada se den a conocer las medidas sanitarias y sociales adoptadas en los meses de agosto y de septiembre. En todo caso la situación creada en Ceuta y, por extensión a Melilla, Islas Canarias y Baleares, por ser lugares de llegada a España y a la UE, obliga a tener una visión ética, sanitaria y humanitaria que, de una forma selectiva para cada caso, abarque la atención, protección y asistencia de los que han entrado ilegal y violentamente.
Pero eso no lo debe llevar a cabo España por sí sola, y mucho menos Ceuta. Hay que hacerlo en conjunción con la Agencia de Asilo de la UE y para ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados).
En cuanto a los menores no acompañados, la Convención de las Naciones Unidas de Derechos del Niño, 1989, y toda la legislación derivada están de acuerdo en que su espíritu está en el mejor interés del niño, y la prevista distribución de los menores por la península es obvio que no va en interés de esos menores.
En el seno de la Unión Europea, España tiene que buscar las soluciones, previstas o no, pero necesarias, a través de la Agencia de Asilo de la UE, (EUAA) aplicando, en el caso de la situación catastrófica de Ceuta, cuando proceda, las medidas y recursos de gestión del Sistema Común de Asilo, SECA.